El Proyecto de Reforma Laboral y sus implicancias en la Seguridad Social ¿Un atentado a la progresividad en materia de Derechos Humanos y Sociales? La semana pasada se conoció el texto del Proyecto de Ley 1381/S/18 sobre Reforma Laboral, denominado ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


  1. El Proyecto de Reforma Laboral y sus implicancias en la Seguridad Social
  2. Entrevista a Aníbal Paz sobre modificaciones en las moratorias previsionales
  3. Análisis: Nuevas reformas, nuevos problemas: Las Moratorias
  4. Plan de Retiros Voluntarios en el Estado. Entrevista a Aníbal Paz
  5. Jornada de Actualización profesional en Colegio de Abogados de Río Cuarto
  6. More Recent Articles

El Proyecto de Reforma Laboral y sus implicancias en la Seguridad Social

El Proyecto de Reforma Laboral y sus implicancias en la Seguridad Social

¿Un atentado a la progresividad en materia de Derechos Humanos y Sociales? 

La semana pasada se conoció el texto del Proyecto de Ley 1381/S/18 sobre Reforma Laboral, denominado Regularización Del Empleo No Registrado, Lucha Contra La Evasión En La Seguridad Social, Registración Laboral Y Fondo De Cese Sectorial. Junto con éste -el más polémico- se presentaron dos proyectos adicionales el 1380 y el 1379, relativos a la capacitación Laboral, Fondo de Desempleo Ampliado, Nuevo Régimen de Pasantías (Sistema de Prácticas Formativas” y sobre la Creación de la Agencia Nacional De Evaluación De Tecnologías De Salud
En apretada síntesis el proyecto de reforma laboral pretende modificar el mecanismo de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa, eliminando de la base para su cálculo “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”, lo que ciertamente conduce a la reducción del monto indemnizatorio en relación con el régimen actualmente vigente y difiere de numerosos y actuales criterios pretorianos. Asimismo se plantea la creación de un Fondo de Cese Laboral de alcance sectorial con necesaria intervención sindical, que asuma el peso de las indemnizaciones por despidos incausados, y la modificación al principio de irrenunciabilidad, que es estructural del Derecho del Trabajo, permitiéndose la  renuncia a ciertos caracteres esenciales del contrato de trabajo mediando homologación.
En lo estrictamente tocante al Derecho de la Seguridad Social, advertimos el impacto que tendrá la Reforma, dividida en los tres proyectos mencionados,  entre otros, en los siguientes aspectos:
A)
Por un lado se promueve la lucha contra la evasión en materia de aportes destinados a los subsistemas de la seguridad social, y por el otro se permite la regularización del empleo no registrados, por el plazo de 360 días que se contarán a partir de la reglamentación de la ley aún embrionaria. Lo que se ha dado en llamar el blanqueo laboral.  
Se permitirá entonces la condonación de la deuda por capital e intereses debida a falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social, esto es al SIPA ,Ley. 24.241, al INSSJP, Ley N° 19.032, al Seguro de Salud, Ley N° 23.661, al  Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y al Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714. De ello se desprende que no se condonarán las deudas referidas al régimen de riesgos del trabajo Ley 24.557.
Los empleadores que efectúen el blanqueo dentro del plazo de 180 días desde la fecha de vigencia de la norma, una vez operativa la reglamentación, gozarán del 100% de condonaciones, mientras quienes lo realicen con posterioridad sólo gozarán de un 70% de la misma.
En cuanto a los trabajadores “blanqueados” tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes [o menos, si es que se los blanquea por menor tiempo),  calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, a fin de adquirir el Derecho a PBU de Ley 24.241 y la Prestación por Desempleo del Art. 113 de la Ley N° 24.013. Los meses regularizados no serán considerados respecto de la PAP y ni se computarán para el cálculo del haber de la PAP ni de la PC. Es decir que no tendrán incidencia en la cuantía del haber, ni servirán a los fines de la compensación por exceso de servicios. Habrá que estarse a la futura aprobación primero, y luego reglamentación de la norma bajo exégesis para poder determinar el verdadero alcance del blanqueo en este punto.
Por supuesto que se extinguirán las acciones penales y multas previstas legalmente para quienes adhieran a la regularización. Además no podrá afectar el financiamiento de la Seguridad Social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la Seguridad Social. El Poder Ejecutivo Nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trate.
B)
Se prevé la creación de un Fondo de Desempleo ampliado para las empresas en proceso de transformación productiva. También se prevé para ciertos supuestos la posibilidad de percibir en pago único las prestaciones por desempleo del Ley 24.103, como complementario al Fondo de Cese Laboral, o de  ingreso al trabajo en cooperativas.
C)
Se prevé la creación de la Agencia Nacional De Evaluación De Tecnologías De Salud [AGNET], que tendrá como función principal determinar qué prestaciones debe incluirse en el PMO, así como también ser órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Es decir que se trata de una consulta o paso procesal (¿previo?) que deberá agotarse, por caso, en acciones judiciales por denegatoria de  prestaciones, lo que -dependiendo de la reglamentación- podría ser un obstáculo a la tutela judicial efectiva y oportuna, máxime en caso de amparos urgentes. Deberá tenerse especial cuidado en la reglamentación sobre este punto.
D)
En lo concerniente al nuevo régimen de pasantías, que pasaría a denominarse Práctica Formativa, queda establecida la obligatoriedad de que los practicantes cuenten con cobertura de salud y riesgos del trabajo.


A modo de conclusión: aún resulta demasiado prematuro pronunciarse categóricamente sobre los aspectos señalados, ya que, como primera medida, el paquete de proyectos debe sortear las Cámaras del Congreso, en lo que se prevé un debate ríspido. De ello surge la clara posibilidad de que el texto de la ley difiera notoriamente del proyecto original. Por otro lado, una vez promulgados estos proyectos, deberemos prestar debida atención en la reglamentación para recién en ese momento estudiar detenidamente las normas en juego y efectuar el análisis exhaustivo de los mismos y pronunciarse concluyentemente.

Más información:
 (+54) - (0351) 423-4335
(+54) - (011) 4954-1837


En Facebook:
En LinkedIn:

En Twitter:

En Instagram:

Profesional Responsable: Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)
 

Entrevista a Aníbal Paz sobre modificaciones en las moratorias previsionales

La reforma previsional trajo limitaciones al acceso a moratorias


Las modificaciones no comenzaron -ni se agotaron- en diciembre pasado con el cambio de la fórmula de movilidad. Mediáticamente se instaló la idea falsa de una apertura de aquéllas, asegura Aníbal Paz, especialista en temas previsionales



 
En diciembre pasado se sancionó la llamada Ley de Reforma Previsional N° 27426 que, en rigor de verdad, estableció modificaciones específicas al régimen vigente. Concretamente, aquélla modificó la fórmula de movilidad general, creó la garantía del 82% móvil sobre el salario mínimo vital y móvil, y extendió la edad jubilatoria, de manera optativa, para los trabajadores hasta los 70 años de edad.
Factor consultó a Aníbal Paz, especialista en temas previsionales, quien señaló: “Mediáticamente se ha afirmado que se produjo ‘una apertura de las moratorias’, cuando en rigor de verdad nos encontramos ante normas reglamentarias que determinan una limitación al acceso a éstas”.

¿Para qué son las moratorias?

En el régimen jubilatorio general SIPA de ley 24241 se requieren, para poder jubilarse: edad de 60 años, las mujeres, y 65, los hombres, pudiendo aquéllas a su sola opción continuar hasta los 65. Además se necesitan 30 años de servicios, sean éstos en relación de dependencia o como autónomo, pudiendo computarse a tales efectos servicios en cualquier sistema previsional provincial de la reciprocidad, que no haya sido trasferido a la Nación. Quien accede a esos requisitos reúne lo que se denomina “derecho a Prestación Básica Universal (PBU)”. Así, una jubilación ordinaria bajo el régimen general se compone de tres elementos: PBU + Prestación Compensatoria (PC) + Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

Cuando una persona no reúne los requisitos referidos, puede compensar años de exceso de edad con faltante de servicios a razón de dos por uno, y/o puede “comprar” años de servicios faltantes por medio de las moratorias previsionales vigentes.
Pues bien, una de las recientes reformas se dictó bajo la resolución general (RG) Anses/AFIP 4222/18, reglamentada por la circular Anses DP 20/18 y es ésta la que ha producido la falaz apertura mencionada.

¿Cuáles son las moratorias actualmente vigentes, luego de la reforma?
La moratoria de la ley 24476, de carácter permanente, permite la compra de años faltantes de servicios desde el momento en que una persona cumple 18 años de edad hasta el 30/09/93. Claramente esta moratoria, si bien tiene permanencia, lleva ínsito su vencimiento con el trascurso del tiempo. Así, una mujer que hoy cumple 60 años de edad, podrá comprar aportes desde el año 1978 hasta 1993, es decir que comprará no más de 17 años. Si esta persona no tiene aportes con servicios efectivos para completar los 30 años requeridos en la (PBU) entonces no podrá jubilarse. Una persona que hoy cumpla 80 años de edad, por ende puede comprar más años de servicios, y quienes cumplan la edad en los próximos años tendrán menos posibilidad de compra de aportes, conforme el mecanismo explicitado. Este régimen se ha modificado, restringiendo su acceso.

Otra moratoria es la de la ley 26970, que permite la compra de aportes hasta 12/2003. Esta moratoria, que ha vencido ya para los hombres, en virtud de la reciente reforma se ha extendido a las mujeres que cumplan 60 años entre el día 23 de julio de 2016 y el día 23 de julio de 2019. Tal moratoria incluía una característica diferencial que la ley 24476 no tenía previsto: un análisis socioeconómico y patrimonial del peticionante, para permitirle el acceso sólo bajo determinados parámetros objetivos que demostrarían vulnerabilidad.
Esta condición se mantiene pero, además, ahora se la hace extensivo a la moratoria de ley 27476, que antes no la contemplaba, con lo cual en la práctica muchas personas se verán imposibilitados de acceder a ésta.

Otra de las cuestiones que se presentó como una “apertura” es la posibilidad que ahora tienen los hombres que durante el transcurso del año 2004 hayan cumplido 65 años para acceder a la vieja moratoria de ley 25994 (que permite compra de aportes hasta 12/2003). Es decir, este hombre al día de hoy debe contar con 78/79 años de edad. Demás está decir que resulta casi imposible encontrar personas de esa edad que al día de hoy no tengan una jubilación. Por ello afirmo que el calificativo de “apertura” en este caso es demasiado generoso, toda vez que el universo de casos que podría hacer uso de esta opción aparece prima fascie como ínfimo.

¿En qué consiste la evaluación socioeconómica?
La evaluación socioeconómica remite a parámetros objetivos establecidos en el Régimen de Asignaciones familiares de ley 24714 (según Res. 32/18 Anses). Concretamente, para sortear el análisis en cuestión, y ser merecedor de la inclusión en alguna de las moratorias previsionales, habrá que demostrar ingresos inferiores a $47.393 (que es el valor máximo de ingresos que habilita el cobro de Asignaciones familiares); además, habrá que demostrar que posee inmuebles con valuación inferior a $2.274.864; automóviles con valuación inferior a $853.074; consumos inferiores a $739.330; y no tener aeronaves o determinadas embarcaciones. Cabe señalar que el régimen de las asignaciones familiares establece un análisis del grupo familiar, y no sólo del solicitante a los fines de dichos topes.

Quienes al día 02/04/2018 tengan un plan enviado de ley 24476 no serán evaluados conforme a la nueva normativa. Para los planteos posteriores se aplicará el socioeconómico señalado, aunque aún no tiene reglamentado el procedimiento. Los planes enviados con anterioridad a esa fecha, pero que deban ser reformulados, generará una casuística interesante, que habrá que seguir con la debida atención, ya que por defecto la reglamentación de Anses advierte que serán evaluados quienes deban reformular planes anteriores.

Otros casos
Según el profesional, quienes se vean impedidos de acceder a las moratorias vigentes, en su nuevo alcance, aún pueden obtener la PUAM (65 años de edad, ambos sexos, y equivale a 80% de la Jubilación Mínima vigente) o la Prestación por Edad Avanzada (PEA) (70 años de edad, 10 mínimos de servicios), o bien continuar en actividad hasta completar los años de servicios requeridos.
Si continua en actividad -señala Paz- puede, paralelamente, cobrar la PUAM, pero con la salvedad de que esos años de servicios “paralelos” sólo contarán a los fines del cómputo de servicios requeridos para acceder a PBU, no así a los fines del cómputo del haber ni la bonificación por excedente. “Ciertamente esta limitación reglamentaria afecta garantías constitucionales tales como la proporcionalidad, la sustitutividad, la integralidad, inter alia. En este punto hay una futura causa de pendencia judicial”, advirtió el especialista.



Más información:
 (+54) - (0351) 423-4335
(+54) - (011) 4954-1837


Facebook:
LinkedIn: anibalpaz
Twitter: @anibal_paz
Instagram: Estudio_Anibal_Paz

Profesional Responsable: Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)

    

Análisis: Nuevas reformas, nuevos problemas: Las Moratorias



 
Nuevas reformas, nuevos problemas: Un antes y un después en las moratorias previsionales.                 

                Estamos en una época de reformas previsionales. En diciembre próximo pasado se sancionó la llamada Ley de Reforma Previsional N° 27.426 que, en rigor de verdad, estableció modificaciones puntuales al régimen vigente. En concreto aquella modificó la fórmula de movilidad general, creó la garantía del 82% móvil sobre el salario mínimo vital y móvil, y extendió la edad jubilatoria, de manera optativa, para los trabajadores hasta los 70 años de edad.

En definitiva la Reforma previsional no se agotó con la reforma más bien cosmética del régimen vigente a través de la ley 24.726, reglamentada por Dec. 110/18 y Res. SSS 25/18, sino que por el contrario esta vino a ser un preludio de otras reformas que fueron conociéndose, a la espera de la reforma integral de la ley jubilatoria y del Código de la Seguridad Social cuyas comisiones redactoras ya se encuentran trabajando. Más aún,  podríamos afirmar que la “época de reformas” comenzó con la Ley “ómnibus” 27.260, que incluyó entre las prescripciones relativas al Derecho de la Seguridad Social lo referido a: a) la Reparación Histórica a los Jubilados, b) la  creación de la Prestación Universal para el Adulto mayor, más conocida como PUAM, c) Armonización de Regímenes previsionales provinciales; d) Modificaciones en el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad [FGS] de la Seguridad Social.

Además de las mencionadas, encontramos modificaciones en la Ley 27.432 [Financiamiento del Sistema], en el Dec. 1058/17 [Subsidios en el “empalme” de movilidad], en el DNU 27/18[sobre FGS]. Asimismo mediante Res. SSS 04/18 se modificó la fórmula de MovilidadRipdun para Régimen especial de ley 26508, la Res. SSS. 56/18 [establece mecanismo para actualizar remuneraciones correspondientes a altas anteriores a 08/2016], y la Res. MTEySS 119/18 [crea Unidad Ejecutora que debe efectuar propuestas tendientes a un proyecto de ley previsional],

Por ultimo podemos incluir dentro de esta época de reformas al Dec. 263/18 reglamentado por Res. 213/18 del Ministerio de Modernización, el cual crea el programa de Retiros Voluntarios Anticipadosen el Estado

Sobre estos temas ya he comentado largo y tendido en este espacio. De tal manera que hoy nos referiremos a otra reforma que ha generado un sinfín de consultas en los despachos profesionales: La reforma de las moratorias previsionales. Mediáticamente se ha afirmado que se produjo “una apertura de las moratorias”, cuando en rigor de verdad nos encontramos ante normas reglamentarias que determinan una limitación al acceso a las mismas, como veremos a continuación.

¿Para qué son las moratorias?

En el Régimen jubilatorio general SIPA de Ley 24.241 se requieren, para poder jubilarse: Edad: 60 años las mujeres, y 65 los hombres, pudiendo las mujeres a su sola opción continuar hasta los 65. Además se necesitan 30 años de servicios, sean estos en relación de dependencia o como autónomo, pudiendo computarse a tales efectos servicios en cualquier sistema previsional provincial de la Reciprocidad, que no haya sido trasferido a la Nación. Quien accede a esos requisitos reúne lo que se denomina “derecho a PBU”.   Así. Una jubilación ordinaria bajo el régimen general se compone de tres elementos:  PBU + PC + PAP.
       
         Cuando una persona no reúne los requisitos referidos, puede compensar años de  exceso de edad con faltante de servicios a razón de 2x1, y/o puede “comprar” años de servicios faltantes a través de las moratorias previsionales vigentes.
Pues bien, una de las recientes reformas se dictó bajo la RG ANSES/AFIP 4222/2018,[ Reglamentada por Circular ANSES DP 20/18]  y es esta la que ha producido la falaz apertura mencionada

Las moratorias actualmente vigentes, luego de la reforma son:
·     
    La de Ley 24.476, de carácter permanente, que permite la compra de años faltantes de servicios desde el momento en que una persona cumple 18 años e edad hasta el 30/09/1993. Claramente esta moratoria si bien tiene permanencia lleva ínsito su vencimiento con el trascurso del tiempo. Así, una mujer que hoy cumple 60 años de edad, podrá comprar aportes desde el año 1978 hasta 1993, es decir que comprará no más de 17 años. Si esta persona no tiene aportes con servicios efectivos para completar los 30 años requeridos en la PBU entonces no podrá jubilarse. Una persona que hoy cumpla 80 años de edad, por ende puede comprar más años de servicios, y quienes cumplan la edad en los próximos años tendrán menos posibilidad de compra de aportes, conforme el mecanismo explicitado. Este régimen se ha modificado, restringiendo su acceso como se lee mas abajo
·    
      Ley 26.970 permite compra de aportes hasta 12/2003. Esta moratoria  que ha vencido ya para ,os hombre, en virtud de la reciente reforma se ha extendido a las Mujeres que cumplan 60AA entre 23 de julio de 2016 y el día 23 de julio de 2019
·    
     La Ley 26970 incluía una característica diferencial que la 24476 no tenía previsto: un análisis socioeconómico y patrimonial del peticionante, para permitirle el acceso solo bajo determinados paramentos objetivos que demostrarían vulnerabilidad. Esta condición se mantiene, pero además ahora se la hace extensivo a la moratoria de ley 27476, que antes no la contemplaba, con lo cual en la práctica muchas personas se verán imposibilitados de acceder a la misma, como se lee más adelante.
·      
    Otra de las cuestiones que se presentó como una “apertura” es la  posibilidad que ahora tienen los hombres que durante el transcurso del año 2004 hayan cumplido para accederé a la vieja moratoria de Ley 25.994 [que permite compra de aportes hasta 12/2003]. Es decir que este hombre al día de hoy debe contar con 78/79 años de edad. De más está decir que resulta casi imposible encontrar personas de esa edad que al día de hoy no tengan una jubilación. Por ello afirmo que el calificativo de “apertura” en este caso es demasiado generoso, toda vez qu el universo e casos que podría hacer uso de esta opción aparece prima fascie como ínfimo.
·       
  La Evaluación Socioeconómica remite a parámetros objetivos establecidos en el Régimen de Asignaciones familiares de ley 24714 [según Res. 32/18 Anses]. En concreto, para sortear el análisis en cuestión, y ser merecedor de la inclusión en alguna de las moratorias previsionales, habrá que demostrar ingresos  menores a $47393 [que es el valor máximo de ingresos que habilita el cobro de AAFF]. Y además habrá que demostrar que posee inmuebles con valuación inferior a $2274864;     automóviles con valuación inferior a $853074; consumos inferiores a $739330;  y no tener Aeronaves o  determinadas embarcaciones. Cabe señalar que el régimen de las AAFF establece un análisis del grupo familiar, y no solo del solicitante a los fines de dichos topes.
·         Quienes al día 02/04/2018 tengan un plan enviado de ley 24476 no serán evaluados conforme a la nueva normativa. Para los plantes posteriores se aplicará el socioeconómico señalado,  aún no tiene reglamentado el procedimiento. La casuística de planes enviados  con anterioridad a esa fecha, pero que deban ser reformulados, generará una casuística interesante, que habrá que seguir con la debida atención, ya que por defecto la reglamentación de ANSES advierte que serán evaluados quienes deban reformular planes anteriores.

·         Uno de los problemas que hemos advertido tiene que ver con un exceso reglamentario: el Art. 22 de Ley 27260 dice “(…)Las mujeres que (…) cumplieran la edad jubilatoria (…) podrán optar por el ingreso en el régimen de regularización de deudas previsionales previsto en la ley 26.970 en las condiciones allí previstas (…)” La Ley 26970 permite no solo el acceso a la jubilación, sino también a la pensión, cuando se deba comprar aportes para que el causante genere el derecho  a la misma adquiriendo la regularidad de aportes que en vida no tuvo. Ahora bien, la reglamentación (Art. 3 RG ANSES/AFIP 4222/2018, reglamentario del citado Art. 22 L. 26970 ) dice: “(…) a los efectos de acceder a las prestaciones por vejez, las mujeres que, dentro del período comprendido entre el 23 de julio de 2016 y el día 23 de julio de 2019, cumplan la (…), podrán optar por el ingreso en el régimen especial de regularización de deudas previsionales en las condiciones dispuestas por la Ley N° 26.970”. Es decir que por vía reglamentaria se estaría desnaturalizando el derecho que una norma de rango superior confiere, vedando la posibilidad de acceder a la moratoria para obtener pensión, limitándola solo a la prestación por vejez, esto es, la jubilación. De no aclararse esta cuestión a través de nuevas normas reglamentarias, nos encontraremos nuevamente ante un escenario litigioso.
·         Quienes se vean impedidos de acceder a las moratorias vigentes, en su nuevo alcance, aún pueden obtener la PUAM [65 años de edad, ambos sexos, y equivale al 80% de la Jubilación Mínima vigente] o la Prestación por Edad Avanzada [PEA] (70 años de edad, 10 mínimos de servicios). O bien continuar en actividad hasta completar los años de servicios requeridos.
·         Si continua en actividad puede, paralelamente, cobrar la PUAM, pero con la salvedad de que esos años de servicios “paralelos” sólo contarán a los fines del cómputo de servicios requeridos para acceder a PBU, no así  a los fines del cómputo del haber ni la bonificación por excedente. Ciertamente esta limitación reglamentaria afecta garantías constitucionales tales como la proporcionalidad, la sustitutividad, la integralidad, inter alia. En este punto hay una futura causa de pendencia judicial.
Como hemos visto, las reformas previsionales no comenzaron, ni se agotaron, en diciembre pasado, con el cambio de la fórmula de movilidad que tanta atención mediática recibió. Por el contrario, existen numerosas cuestiones que los profesionales debemos atender, para el mejor resguardo de los derechos de los beneficiarios, y que no han captado la atención de la opinión publica en general.  Ciertamente la óptica con que se escriben estas líneas advierte el nacimiento de nuevos conflictos normativos, que más temprano que tarde deberán aclararse vía reglamentaria, o bien resolverse en los estrados judiciales.

Más información:
 (+54) - (0351) 423-4335
(+54) - (011) 4954-1837


En Facebook:
En LinkedIn:

En Twitter:

En Instagram:

Profesional Responsable: Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)


    

Plan de Retiros Voluntarios en el Estado. Entrevista a Aníbal Paz

¿Qué ofrece el retiro voluntario para personal del sector público nacional?



Para Aníbal Paz, especialista en temas previsionales, con el correr de las semanas aparecerán las primeras solicitudes y, con ellas, se evidenciará la casuística, que promete ser frondosa y pródiga en conflictos sindicales y, posiblemente, judiciales


El Poder Ejecutivo Nacional delineó un programa de Retiros Voluntarios en el Estado, mediante el decreto 263/18, ulteriormente reglamentado por la resolución 213/18 del Ministerio de Modernización, que es la autoridad de aplicación.
Consultado por Factor, Aníbal Paz -especialista en temas previsionales- señaló: “Ciertamente la medida encendió las alarmas de todo un sector que recela de los ajustes, aun de aquellos que aparecen como necesarios y razonables. El tiempo dirá si estamos o no ante uno de ellos”

En términos generales, ¿en qué consiste el programa?

Los planes de retiro -voluntarios y de acceso limitado- estarán vigentes por un lapso limitado de tiempo, en concreto desde el 16/04/18 hasta el 31/07/18. Las solicitudes de adhesión al plan de retiro deben aprobarse o rechazarse dentro del plazo de 30 días. La primera consideración que me surge espontáneamente tiene que ver con el breve lapso disponible, ya que -si bien se prevé un trámite digital para todo el proceso de acceder al plan- en muchos casos sería necesario un análisis muy preciso de la historia laboral y previsional de cada agente, lo que insume, por supuesto, un tiempo prudencial. Demás está decir que el plan entrará en vigencia sin mayor información a la planta que la que ha circulado en los medios, lo que deja al empleado en la necesidad de requerir un asesoramiento profesional o bien entregarse al plan sin mayores recaudos.

¿A quiénes incluye el plan?

El plan incluye al personal comprendido en los organismos descriptos en el artículo 8° de la ley N° 24156 de planta permanente, y aquellos cuya relación de empleo se rija por la ley N° 20744. Es decir, abarca la administración central, sus organismos centralizados y descentralizados y los organismos de seguridad social. Se invita además a las personas públicas no incluidas en dicha caracterización a adherirse al programa.

¿Quiénes quedan excluidos?

Quedan excluidos quienes tengan un cargo docente, el personal científico técnico, los profesionales de la salud, el servicio exterior, y tanto el personal en actividad como los retirados (en tanto presten tareas) de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
También quedan al margen quienes estén sumariados, o tengan pendiente de ejecución una sanción disciplinaria, por faltas que prevean una sanción de cesantía o exoneración; y quienes se encuentren procesados, por delitos en contra de la Administración Publica. Además quedan al margen quienes mantengan litigio o reclamos administrativos contra la Administración Pública centralizada o descentralizada, con motivo de su relación laboral, (salvo que se trate de algún reclamo originado en el sistema de riesgos del trabajo). Entiendo que esta norma deberá precisarse por vía reglamentaria de manera urgente, atento a la enorme casuística que puede generarse, dado que las definiciones brindadas son amplias.
Tampoco podrán acceder al plan quienes tengan iniciado o acordado un beneficio previsional o, habiendo presentado su renuncia, ésta se encuentren pendiente de aceptación. Tampoco quienes se encuentren en situación de disponibilidad. Ésta es otra cláusula que merece aclaraciones, por cuanto existen muchos tipos de beneficios previsionales y de diferentes jursidicciones. Vale remarcar que no es lo mismo una pensión que una jubilación, ya que provienen de distinta fuente, y ello debería quedar aclarado de manera expresa por la reglamentación.


El programa contempla una segmentación ¿cómo es?

Establece tres segmentos, a saber: el Art. 1 inc. a) comprende a las personas mayores de 65 años de edad, quienes podrán acceder al plan a condición de no tener años de servicio para jubilación ordinaria por ley 24241, lo que se dice no tener derecho a Prestación Básica Universal (PBU). A este segmento le corresponde un pago en 24 cuotas, de conformidad con el mecanismo que se explica más abajo.
En tanto, el Art. 1 inc. b) incluye a personas entre 60 y 65 años de edad, a quienes corresponde el pago de hasta 36 cuotas. Quienes cumplan 65 años de edad durante la vigencia del plan, pueden continuar percibiendo las cuotas hasta un máximo de 12 cuotas y sin superar el máximo permitido de 36. Por último, en el Art. 1 inc. c) se prevé la situación de los empleados menores de 60 años de edad, que a su vez cuenten con dos años de antigüedad como mínimo. A este grupo corresponde el pago, por un lado, de una suma de pago único equivalente a entre dos cuotas (para quienes tienen entre cuatro y seis años de antigüedad) y seis cuotas (para antigüedad mayor a 10 años). A esa suma fija se adiciona una cantidad determinada de cuotas de pago mensual (que van desde seis cuotas, para quienes cuenten con una antigüedad de entre cuatro y seis años, y hasta 24 cuotas, para antigüedad superior a 10 años.


¿Cómo serán las cuotas?
Se trata de sumas no remunerativas, mensuales, iguales y consecutivas. Para el caso de los segmentos comprendidos en los incisos a) y b), cada cuota será igual al monto de una remuneración neta mensual, normal, habitual y permanente, conforme a la situación de revista a la fecha de baja del empleado. En el caso de los comprendidos en el inciso c), cada cuota correspondiente a las que se abonan en un solo pago será equivalente al 100% de la remuneración que se calcula de la misma forma que se expresa en el párrafo anterior; y las cuotas de pago mensual serán 70% de dicha remuneración.

Conceptos excluidos

La reglamentación aclara que se encuentran excluidas de la remuneración del agente, a efectos de la determinación del monto de las cuotas, tanto las horas extraordinarias, como los premios, de cualquier indoles, los gastos de movilidad, reintegro de gastos de guardería y comida, y todo otro concepto que no revista la condición de mensual, normal, habitual y permanente.
“Nuevamente, nos encontraremos aquí con las particularidades de ciertos organismos que llevarán a interpretaciones dudosas sobre ciertos conceptos que pueden incidir en el cómputo de la remuneración considerada como base de determinación del valor cuota”, señala el profesional.
Finalmente, podrán rechazarse por razones de servicio las solicitudes de adhesión con la sola invocación de dicha causa como toda motivación.


Más información:
 (+54) - (0351) 423-4335
(+54) - (011) 4954-1837


En Facebook:




En LinkedIn:


En Twitter:

En Instagram:


Profesional Responsable: Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)

    

Jornada de Actualización profesional en Colegio de Abogados de Río Cuarto


Jornada de Seguridad Social  en el Colegio de Abogados de Río Cuarto

Aníbal Paz dictará una jornada de actualización profesional titulada "El Impacto De La Reforma Previsional " en el Colegio de Abogados de Río Cuarto,  el día 10/05, a partir de las 15hs

La misma está dirigida a Profesionales del Derecho en general que quieran interiorizarse sobre el régimen previsional vigente y el alcance de las recientes reformas.




Más información:
 (+54) - (0351) 423-4335
(+54) - (011) 4954-1837
estudioanibalpaz@gmail.com



En Facebook:

En LinkedIn:

En Twitter:

En Instagram:

Profesional Responsable: Aníbal Paz Abogado Mat. Prof.: CAC 1-32556 (Cba) - CPACF T°102 F°454 (BsAs) - CSJN T° 500 F°669 (Fed)

    

More Recent Articles


You Might Like

Safely Unsubscribe ArchivesPreferencesContactSubscribePrivacy